El asesinato de dirigentes sindicales merece una especial atención por parte del Estado venezolano. Es incomprensible que dentro de este proceso político, donde diariamente se nos recalca su carácter socialista por los medios de comunicación del oficialismo y de la oposición, suceda con una impunidad que raya en el descaro el asesinato de dirigentes sindicales, en su mayoría (por no decir que todos) afectos al gobierno e inmersos en conflictos laborales.
Si bien es cierto que algunos de estos asesinatos ocurren en el marco de una guerra de intereses de algunos sectores como el ya archiconocido sindicato de la construcción, no es menos cierto que una gran cantidad son planeados y ejecutados por patronos en complicidad con sicario-dirigentes. Sea cual sea el origen, lo cierto es que estamos en presencia por un lado de una reedición del Chicago de los gangsters, y por otra de una copia al carbón de la Colombia de siempre.
Y es que acá no estamos hablando del hampa común, acá estamos hablando de trabajadores asesinados dentro de un plan dirigido a aterrorizar para mermar y acabar con la dirigencia sindical autónoma, clasista, y lo que sería más triste, específicamente con los movimientos sindicales de izquierda. Pero lo que más indigna no es ese patrón que a la final solo sigue el método de sus ancestros, ni el asesino que sólo le falta registrar una compañía de solución rápida de conflictos laborales, ni los lambiscones dirigentes vasallos que al igual que el esclavo que era usado por el amo para golpear y humillar a su hermano de raza eran usados como peones de ajedrez para limpiar el camino a los reyes con la promesa de que podían llegar a coronarse. NO, lo que más indigna es no ver al Gobierno tomar cartas en el asunto..., ni siquiera de palabra.
Mientras tanto se impone la sentencia popular: "muerto el perro, se acaba la rabia". No sólo a nivel laboral tenemos campesinos asesinados por terratenientes, dirigentes populares en medio de una lucha desigual contra el hampa y el narcotráfico, pero esta situación se adereza cuando entonces vemos a dirigentes presentándose en la fiscalía por una denuncia del patrono; tenemos dirigentes privados de libertad por emprender las luchas que un proceso reclama, en fin tenemos un Estado que actúa por omisión o desidia.
Es difícil no elucubrar ideas en torno a este tema, tal vez nuestros asesinados eran y son dirigentes demasiado importantes para la etapa del proceso, y el sacrificio debe ser porque el proceso lo es todo. No es que se pretenda pisar el estado de derecho, es decir, si en realidad hay una violación al marco legal debe existir una sanción, pero debería ser algo homogéneo, no guardarse el estado de derecho y el debido proceso a conveniencia, y menos cuando se trata de compañeros, porque hay que decirlo: el Estado en oportunidades ha hecho de esto un traje a la medida, pero es mal sastre o sólo cose para determinados maniquíes.
Si bien es cierto que algunos de estos asesinatos ocurren en el marco de una guerra de intereses de algunos sectores como el ya archiconocido sindicato de la construcción, no es menos cierto que una gran cantidad son planeados y ejecutados por patronos en complicidad con sicario-dirigentes. Sea cual sea el origen, lo cierto es que estamos en presencia por un lado de una reedición del Chicago de los gangsters, y por otra de una copia al carbón de la Colombia de siempre.
Y es que acá no estamos hablando del hampa común, acá estamos hablando de trabajadores asesinados dentro de un plan dirigido a aterrorizar para mermar y acabar con la dirigencia sindical autónoma, clasista, y lo que sería más triste, específicamente con los movimientos sindicales de izquierda. Pero lo que más indigna no es ese patrón que a la final solo sigue el método de sus ancestros, ni el asesino que sólo le falta registrar una compañía de solución rápida de conflictos laborales, ni los lambiscones dirigentes vasallos que al igual que el esclavo que era usado por el amo para golpear y humillar a su hermano de raza eran usados como peones de ajedrez para limpiar el camino a los reyes con la promesa de que podían llegar a coronarse. NO, lo que más indigna es no ver al Gobierno tomar cartas en el asunto..., ni siquiera de palabra.
Mientras tanto se impone la sentencia popular: "muerto el perro, se acaba la rabia". No sólo a nivel laboral tenemos campesinos asesinados por terratenientes, dirigentes populares en medio de una lucha desigual contra el hampa y el narcotráfico, pero esta situación se adereza cuando entonces vemos a dirigentes presentándose en la fiscalía por una denuncia del patrono; tenemos dirigentes privados de libertad por emprender las luchas que un proceso reclama, en fin tenemos un Estado que actúa por omisión o desidia.
Es difícil no elucubrar ideas en torno a este tema, tal vez nuestros asesinados eran y son dirigentes demasiado importantes para la etapa del proceso, y el sacrificio debe ser porque el proceso lo es todo. No es que se pretenda pisar el estado de derecho, es decir, si en realidad hay una violación al marco legal debe existir una sanción, pero debería ser algo homogéneo, no guardarse el estado de derecho y el debido proceso a conveniencia, y menos cuando se trata de compañeros, porque hay que decirlo: el Estado en oportunidades ha hecho de esto un traje a la medida, pero es mal sastre o sólo cose para determinados maniquíes.
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